Arturo Parra Ochoa
Acapulco, Gro., 15 de enero de 2008.- En alianza, 18 organizaciones de transportistas dieron a conocer ayer su solidaridad con la postura de no incrementar las tarifas por ahora, para no afectar a la sociedad y respaldar al gobierno del estado, hasta en tanto no se realice un estudio socioeconómico a fondo de la situación en que quedarán los transportistas, frente al alza del combustible y las refacciones.
Durante una conferencia de prensa, encabezada por Cirilo López Sánchez, presidente de la Red de Transportistas del Estado de Guerrero, señalaron sin embargo que el gobierno estatal debe responsabilizarse de iniciar ese estudio que cita el artículo 231 del Reglamento de la Ley de Transporte del Estado, donde se aclara que cuando sea alterado el equilibrio de los costos de operación, o se modifiquen las condiciones de la economía estatal, la Comisión Técnica de Transportes debe realizar un estudio socioeconómico para hacer las adecuaciones pertinentes.
“Todo tipo de servicio público del transporte está sujeto a tarifa oficial, que determinará la Comisión Técnica, y las organizaciones y empresas transportistas podrán proponer la tarifa que estimen. Es decir, es responsabilidad del gobierno y no de los transportistas, según los artículos 232 y 233 del Reglamento de Transportes”, subrayó López Sánchez.
Por otro lado, dijo que la Dirección de Transportes del estado está autorizando permisos temporales para el transporte de personal, “sin el estudio de necesidad estacional o cíclica, violando los derechos de los trabajadores depurados y no depurados de reconocida antigüedad, a los que se les debió haber dado preferencia, pero también se cuenta con demasiado transporte urbano para este tipo de servicio”, anotó el dirigente.
La Dirección de Transportes y sus delegaciones en Acapulco, continuó, “son cómplices del desorden en este servicio público, torciendo la Ley de Transportes y su reglamento, en vez de su aplicación para el orden, porque están emitiendo permisos de sustitución de un servicio de ruta alimentadora económico 661, placas 853067-E, para prestar el servicio en Suburban turística”.
Finalmente exigió el retiro de toda aquella unidad que preste el servicio de transporte público sin la concesión o el permiso correspondiente, o sea los llamados “piratas”, que circulan libremente en este municipio sin pagar ningún derecho ni impuestos.
Entre las organizaciones aliadas, estuvieron la Coalición de Transportistas del Estado de Guerrero, el Consejo de Transportistas, la Coalición de Taxis Azul con Blanco, la Alianza de Transportistas, el Sitio de la Terminal Marítima, Transportistas Unidos de Acapulco, Unión de Auténticos Taxistas de Acapulco, la Agrupación de Taxistas “Lucio Hernández Castillo”, la Organización de Permisionarios y Choferes de Puerto Marqués, y la Organización de Permisionarios y Choferes de Acapulco.
Durante una conferencia de prensa, encabezada por Cirilo López Sánchez, presidente de la Red de Transportistas del Estado de Guerrero, señalaron sin embargo que el gobierno estatal debe responsabilizarse de iniciar ese estudio que cita el artículo 231 del Reglamento de la Ley de Transporte del Estado, donde se aclara que cuando sea alterado el equilibrio de los costos de operación, o se modifiquen las condiciones de la economía estatal, la Comisión Técnica de Transportes debe realizar un estudio socioeconómico para hacer las adecuaciones pertinentes.
“Todo tipo de servicio público del transporte está sujeto a tarifa oficial, que determinará la Comisión Técnica, y las organizaciones y empresas transportistas podrán proponer la tarifa que estimen. Es decir, es responsabilidad del gobierno y no de los transportistas, según los artículos 232 y 233 del Reglamento de Transportes”, subrayó López Sánchez.
Por otro lado, dijo que la Dirección de Transportes del estado está autorizando permisos temporales para el transporte de personal, “sin el estudio de necesidad estacional o cíclica, violando los derechos de los trabajadores depurados y no depurados de reconocida antigüedad, a los que se les debió haber dado preferencia, pero también se cuenta con demasiado transporte urbano para este tipo de servicio”, anotó el dirigente.
La Dirección de Transportes y sus delegaciones en Acapulco, continuó, “son cómplices del desorden en este servicio público, torciendo la Ley de Transportes y su reglamento, en vez de su aplicación para el orden, porque están emitiendo permisos de sustitución de un servicio de ruta alimentadora económico 661, placas 853067-E, para prestar el servicio en Suburban turística”.
Finalmente exigió el retiro de toda aquella unidad que preste el servicio de transporte público sin la concesión o el permiso correspondiente, o sea los llamados “piratas”, que circulan libremente en este municipio sin pagar ningún derecho ni impuestos.
Entre las organizaciones aliadas, estuvieron la Coalición de Transportistas del Estado de Guerrero, el Consejo de Transportistas, la Coalición de Taxis Azul con Blanco, la Alianza de Transportistas, el Sitio de la Terminal Marítima, Transportistas Unidos de Acapulco, Unión de Auténticos Taxistas de Acapulco, la Agrupación de Taxistas “Lucio Hernández Castillo”, la Organización de Permisionarios y Choferes de Puerto Marqués, y la Organización de Permisionarios y Choferes de Acapulco.
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