Arturo Parra Ochoa
Acapulco, Gro., 1 de agosto de 2008.- La FEPADE no titubeará para aplicar el código penal federal a quien cometa delitos electorales durante el proceso local electoral, advirtió en este puerto la fiscal especializada para la atención de delitos electorales, Arely Gómez González, al firmar dos acuerdos de blindaje electoral con el gobernador del estado y el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, quien señaló que ya no bastan las auditorías que se aplica el mismo gobierno para generar confianza en la ciudadanía, por lo que la población debe utilizar la Contraloría Social para evaluar a sus gobiernos.
“Debemos ser intolerantes ante cualquier intento de abuso de los medios materiales y financieros del gobierno, para favorecer intereses coyunturales de algún partido, ya que son los ciudadanos los que fortalecen el desarrollo de un país o un estado con sus denuncias”, señaló Vargas, y precisó que los recursos materiales y financieros de un gobierno “no son propiedad de los servidores públicos ni de los partidos que los postularon; y bajo ninguna circunstancia pueden utilizarse como plataformas de privilegio personal o de grupo.”
Los acuerdos signados ayer tienden a garantizar el uso correcto de los recursos públicos, de cara a las elecciones que se realizarán el próximo cinco de octubre, pues comprometen a las partes suscribientes a prevenir, evitar y sancionar prontamente el uso político electoral de los bienes y servicios públicos que los funcionarios ofrecen a los guerrerenses.
Vega Casillas destacó la importancia de la labor que la Secretaría de la Función Pública realiza para asegurar que ningún servidor público utilice los recursos del Estado, de la Federación, o del Municipio, para favorecer intereses coyunturales de un partido, y se pronunció por una cultura de “cero tolerancia” ante ese tipo de comportamientos que, advirtió, sólo buscan alterar la libre expresión de la voluntad política de los ciudadanos, que se refleja en el voto.
Al referirse al acuerdo de blindaje electoral, explicó que éste prevé estrategias para evitar que los servidores públicos, federales y locales, utilicen los programas y los recursos públicos para dirigir el voto hacia partidos o candidatos; además de que incluye esquemas para facilitar al ciudadano la denuncia de actos de servidores públicos, que puedan constituir delitos electorales.
“La democracia que exige México no tolera concesiones ni privilegios, reclama instituciones fortalecidas dentro de las cuales la ciudadanía pueda denunciar con facilidad actos que vulneren sus derechos”, advirtió el titular de la SFP. “Las elecciones democráticas –añadió- demandan sociedades participativas”, por lo que exhortó a la sociedad guerrerense a construir un proceso electoral cívico y participativo.
En ese sentido, indicó que la Contraloría Social es un mecanismo indispensable que debe utilizar la sociedad para tener acceso a la información de las acciones de gobierno, “y evaluar el cumplimiento de nuestros objetivos y metas”, agregó.
Por su parte, la titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Arely Gómez González, aseguró que estará vigilante de que, en la renovación de las 81 alcaldías y del Congreso local, los votos ciudadanos se respeten. Por ello llamó a los guerrerenses a participar en las urnas y presentar denuncias contra los ilícitos que vulneren el libre ejercicio del voto.
La funcionaria expresó que la FEPADE se compromete a respetar y colaborar con todas las instituciones públicas; a atender las denuncias que se presenten con eficacia y eficiencia, haciendo las investigaciones que corresponden y “no titubeará” en momento alguno.
Gómez González advirtió que no tolerará comportamientos ilegales que vulneren los derechos ciudadanos, y aseguró que la confianza en las instituciones que ha demostrado la ciudadanía, la impulsa a renovar diariamente su compromiso con la procuración de justicia.
En el acto también estuvieron el diputado presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, Carlos Reyes Torres; el presidente municipal de Acapulco, Félix Salgado Macedonio; el procurador de Justicia del Estado, Eduardo Murueta Urrutia, así como el contralor estatal, Carlos Arturo Bárcenas Aguilar.
“Debemos ser intolerantes ante cualquier intento de abuso de los medios materiales y financieros del gobierno, para favorecer intereses coyunturales de algún partido, ya que son los ciudadanos los que fortalecen el desarrollo de un país o un estado con sus denuncias”, señaló Vargas, y precisó que los recursos materiales y financieros de un gobierno “no son propiedad de los servidores públicos ni de los partidos que los postularon; y bajo ninguna circunstancia pueden utilizarse como plataformas de privilegio personal o de grupo.”
Los acuerdos signados ayer tienden a garantizar el uso correcto de los recursos públicos, de cara a las elecciones que se realizarán el próximo cinco de octubre, pues comprometen a las partes suscribientes a prevenir, evitar y sancionar prontamente el uso político electoral de los bienes y servicios públicos que los funcionarios ofrecen a los guerrerenses.
Vega Casillas destacó la importancia de la labor que la Secretaría de la Función Pública realiza para asegurar que ningún servidor público utilice los recursos del Estado, de la Federación, o del Municipio, para favorecer intereses coyunturales de un partido, y se pronunció por una cultura de “cero tolerancia” ante ese tipo de comportamientos que, advirtió, sólo buscan alterar la libre expresión de la voluntad política de los ciudadanos, que se refleja en el voto.
Al referirse al acuerdo de blindaje electoral, explicó que éste prevé estrategias para evitar que los servidores públicos, federales y locales, utilicen los programas y los recursos públicos para dirigir el voto hacia partidos o candidatos; además de que incluye esquemas para facilitar al ciudadano la denuncia de actos de servidores públicos, que puedan constituir delitos electorales.
“La democracia que exige México no tolera concesiones ni privilegios, reclama instituciones fortalecidas dentro de las cuales la ciudadanía pueda denunciar con facilidad actos que vulneren sus derechos”, advirtió el titular de la SFP. “Las elecciones democráticas –añadió- demandan sociedades participativas”, por lo que exhortó a la sociedad guerrerense a construir un proceso electoral cívico y participativo.
En ese sentido, indicó que la Contraloría Social es un mecanismo indispensable que debe utilizar la sociedad para tener acceso a la información de las acciones de gobierno, “y evaluar el cumplimiento de nuestros objetivos y metas”, agregó.
Por su parte, la titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Arely Gómez González, aseguró que estará vigilante de que, en la renovación de las 81 alcaldías y del Congreso local, los votos ciudadanos se respeten. Por ello llamó a los guerrerenses a participar en las urnas y presentar denuncias contra los ilícitos que vulneren el libre ejercicio del voto.
La funcionaria expresó que la FEPADE se compromete a respetar y colaborar con todas las instituciones públicas; a atender las denuncias que se presenten con eficacia y eficiencia, haciendo las investigaciones que corresponden y “no titubeará” en momento alguno.
Gómez González advirtió que no tolerará comportamientos ilegales que vulneren los derechos ciudadanos, y aseguró que la confianza en las instituciones que ha demostrado la ciudadanía, la impulsa a renovar diariamente su compromiso con la procuración de justicia.
En el acto también estuvieron el diputado presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, Carlos Reyes Torres; el presidente municipal de Acapulco, Félix Salgado Macedonio; el procurador de Justicia del Estado, Eduardo Murueta Urrutia, así como el contralor estatal, Carlos Arturo Bárcenas Aguilar.
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