Arpanet (Columna del 28 de marzo de 2006)

• ZTG, reprobado en su primer año
• Diputados priístas le exigen respeto
• Debe escuchar la postura de todos

Arturo Parra Ochoa (*)
La fracción parlamentaria del PRI del Congreso del Estado, reprobó al ejecutivo estatal en su primer año de gobierno, al cual llega con una controversia constitucional frente al poder judicial, y con un claro distanciamiento con el poder legislativo.
Diputados locales priístas exigieron al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo mayor respeto hacia el poder legislativo, y el establecimiento de un nuevo pacto social que permita el diálogo y acuerdos entre todas las fuerzas políticas y sociales de Guerrero.
En un encuentro con el ejecutivo estatal, ante la cercanía de su primer informe de gobierno, los 13 diputados priístas le propusieron una agenda de trabajo con los grandes temas que interesan a los guerrerenses, con el compromiso de hacerlo público para no hablar en lo oscurito y de espaldas a la sociedad.
Posteriormente, el coordinador de la fracción priísta, Abraham Ponce Guadarrama, dio a conocer en conferencia de prensa que formalmente le plantearon al gobernador Torreblanca Galindo su preocupación por el problema de la inseguridad pública, para lo cual le propusieron aplicar mayores recursos en ese renglón, así como un programa de profesionalización de los cuerpos policíacos, y la aplicación de mano dura contra la corrupción que impera dentro de los mismos.
Por su parte, los diputados Fermín Alvarado Arroyo y Erika Luhrs Cortés, exhortaron al ejecutivo guerrerense vigilar y garantizar que no se utilicen los recursos públicos para fines electorales; que se respeta la autonomía y el fortalecimiento de los municipios; así como el cabal cumplimiento de la aplicación de los recursos gestionados por diputados federales priístas.
Ponce Guadarrama, refirió que existe el compromiso del gobernador Zeferino Torreblanca, de hacerles llegar por escrito su primer informe de gobierno, pero le pidieron también que acuda al recinto legislativo para escuchar y atender las posturas de las distintas fracciones parlamentarias.
Los diputados del Partido Revolucionario Institucional exigieron un trato igualitario para todos los integrantes del poder legislativo, pues no todos son tomados en cuenta para eventos oficiales, a los cuales invitan solamente diputados perredistas.
Por otro lado, demandaron que se establezca una relación formal para dar a conocer abiertamente y con la participación de todos los municipios, la programación y establecimiento de las políticas públicas, haciendo a un lado las preferencias políticas e ideológicas.
Que se aliente el desarrollo regional, respetando las prioridades y los compromisos contraídos en materia de obra pública y social, los cuales deben ser marcados por las propias comunidades, que son las que viven y sienten de cerca los problemas. Y que no se abandone presupuestalmente al campo, sino al contrario, que se reasignen más recursos para la organización y capacitación que permita mejorar la producción y comercialización de los productos del campo.
El resto de los diputados priístas que acudieron a este encuentro y que conforman la fracción parlamentaria del PRI, son: Noé Ramos Cabrera, Sergio Dolores Flores, Humberto Calvo Memije, Flor Añorve Ocampo, Esteban Albarrán Mendoza, Moisés Carbajal Millán, René González Justo, Raúl Tovar Tavera, Bertín Cabañas López y Sofío Ramírez Hernández.
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Seria contaminación en la bahía de Zihuatanejo

Hoteles como el Villa del Sol, vierten sus aguas negras sin tratar en Zihua

Las playas de Zihuatanejo no son tan paradisíacas ni pintorescas como las pintan. Los residentes y turistas que visitan ese puerto de pronto se ven rodeados por heces, aceite y sedimentos, según la Red de Organizaciones no Gubernamentales Ambientalistas de Zihuatanejo.
El señalamiento se basa en los estudios realizados desde 1995 por la Secretaría de Marina, explicó Erika Serrano, representante de la red ambientalista. “Las cinco plantas de tratamiento y el canal abierto La Boquita hacen descargas directas de aguas crudas, aguas residuales que se generan en asentamientos.”
Los estudios de la Marina han encontrado coniformes fecales de 240 mil cuando la norma permite hasta 200, lo que provoca enfermedades entre los lugareños por la contaminación del lugar.
Y dio a conocer las cifras de la Secretaría de Salud de Guerrero, para dimensionar el problema: entre 2000 y 2005, más de 10 mil personas se enfermaron de amibiasis intestinal; cerca de seis mil padecieron ascariasis; y 4 mil862, conjuntivitis.
Añadió que la pesca también se vio afectada en 2002 con la mortandad de peces, probablemente por la mala condición del agua, según un estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa.
Por su parte, Sergio Legorreta, director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, negó categóricamente que no exista tratamiento de las aguas residuales, pero reconoció que algunos particulares lanzan las aguas sucias mar adentro sin tratarlas.
“Mi empresa y otras particulares vierten agua en Zihuatanejo con la diferencia que estas últimas no las tratan, lo que perjudica y contamina las aguas”, destacó, y agregó que una de las empresas que contamina el agua de la zona es el Hotel Villa del Sol, que además tiene adeudos con la CAPAZ.
El funcionario precisó los nombres de las cinco plantas tratadoras de aguas negras, y los lugares donde vierten sus aguas “ya tratadas”: Ópera, Marina 1 y 2, Deportivo 1 y 2.
“La Comisión hace las inspecciones de las aguas tratadas y se confirma que reúnen los requisitos. Los estudios bacteriológicos indican que estamos por debajo de lo que permite la norma”, indicó, y calificó de “ligeras e infundadas” las imputaciones contra la CAPAZ.
Erika Serrano a su vez dijo que el vicio de los estudios de impacto ambiental de las plantas de tratamiento y los análisis bacteriológicos realizados para la CAPAZ, es que esta última paga por los resultados. “Si yo busco un sastre y le pago, este certifica que mido 1,50 (metros), aunque no mida eso”, ironizó.
“Se le encargan los estudios y análisis al interesado y todos dicen que serán súper benéficos”. A esto añadió que los entes encargados de revisar los estudios “no cuentan con personal especializado para analizarlos”.
La paraestatal que Legorreta dirige está encargada de tratar el agua de la bahía antes de verterla a mar abierto. Sin embargo el funcionario reconoció que no tiene capacidad económica para cumplir su cometido. Para esto deja en manos de los empresarios que construyan sus propios sistemas de drenaje y sus plantas de tratamiento, explicó.
Al hacer números, el funcionario, quien llegó hace tres meses a la dependencia, explicó que logra cobrar solo el 65 por ciento de sus facturas, entre empresarios y residentes, dinero insuficiente para sanear el agua. A los morosos no siempre se les suspende el servicio porque “sale más caro”, se excusó.

Puerto Mío, otro caso

Puerto Mío es otro proyecto que va en detrimento de la salud y economía de pescadores y comerciantes de la bahía de Zihuatanejo, según la Rogaz. Este contempla la construcción de hoteles, una terminal de cruceros turísticos, una marina turística, locales comerciales, una gasolinera náutica y otra terrestre, villas y condominios, una clínica “Spa”, canchas de tenis, club de playa, club de yates, entre otras áreas.
“La prioridad es ver el beneficio económico pero no el impacto ambiental que ocasiona. No se evaluó impacto por entrada y salida de cruceros en tortugas marinas”, lamentó Erika Serrano.
“La construcción inició en 1990 sin autorización de impacto ambiental, se hicieron marchas de protesta, pescadores han encontrado sedimentos producto de la construcción en la zona cercana al Espigón y no se ha hecho nada”, denunció.
Ejemplificó que la construcción de una gasolinera en la playa El Almacén, que era banco de almeja y ostión, ha reducido considerablemente la recolección de éstos.
Las autoridades locales no han consultado con la población antes de aprobar las infraestructuras. “No se vale que lleguen a hacer construcciones y no presenten un estudio ni den tratamiento a las aguas, nos han destruido manglares”, dijo.
La Red de Organizaciones no Gubernamentales Ambientalistas de Zihuatanejo, denunció también que las autoridades no han creado la infraestructura necesaria para que las personas que se han asentado en los cerros de la bahía de Zihuatanejo tengan acueductos y alcantarillados, y no viertan sus aguas sucias a cielo abierto.
Lamentó que con estos proyectos se monopolice y privatice el uso de la playa. “Si el turismo llega a Zihuatanejo, bienvenido, pero que no se construya un estacionamiento para cruceros”, pidió Serrano.
Explicó que de construirse el estacionamiento, los lancheros del lugar tendrán que pagar para aparcar sus máquinas a los propietarios del mismo. Pide que se prohíba la construcción de mega proyectos turísticos en la zona, porque riñen con el ambiente.

Destruyen incendios forestales 198.5 Has

Envía Conafor a Guerrero un helicóptero para combatir incendios

Acapulco, Gro., 27 de marzo de 2006.- Para tratar de evitar que en Guerrero suceda lo que pasó en el vecino estado de Oaxaca, donde la semana pasada murieron dos comuneros que combatían un incendio forestal, y para reforzar las tareas que aquí se realizan, la Comisión Nacional Forestal envió un helicóptero a esta entidad.
Se trata de una aeronave equipada con un helibalde, que es un depósito al que le caben mil 200 litros de agua. Al mezclar este líquido con un producto retardante se forma una espuma que mantiene la humedad, lo que facilita las labores de combate de incendios.
Otra de las acciones específicas que se realizarán con este helicóptero, es la movilización de brigadistas a zonas de difícil acceso por vía terrestre, así como el traslado de víveres y herramientas para el combate de incendios, cuando la situación así lo amerite.
El gerente regional de la CONAFOR, Francisco Reyes Cervantes, dio a conocer el reporte de conflagraciones que ha registrado la Coordinación Estatal de Incendios Forestales del día primero de enero al 22 de marzo.
Dijo que se presentaron 53 incendios forestales, que afectaron mil 198.5 hectáreas; 634.5 corresponden a pastizales, 479 a vegetación arbustiva, y 85 a arbolado renuevo.
El funcionario federal detalló que en el combate de estas conflagraciones participaron mil 853 personas, entre voluntarios, brigadistas de la CONAFOR, la SEMAREN, Protección Civil, Bomberos, Policía Estatal, ayuntamientos y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Con relación a las regiones más afectadas, Reyes Cervantes expuso que la lista la encabeza la Centro con 21 incendios y 517 hectáreas dañadas; le sigue la Costa Chica con 16 conflagraciones y 380.5 hectáreas.
En cuanto a los municipios más perjudicados, sostuvo que destacan Acapulco (255.5 hectáreas), Eduardo Neri (233 hectáreas), y Juan R. Escudero (120 hectáreas).
Comparó el número de incendios que se registraron hasta el 22 de marzo del 2005, con la cifra del presente año. En este 2006, dijo, se han presentado 25 conflagraciones menos que el año pasado, pero han resultado dañadas 4.5 hectáreas más.

Arp@net (columna del 21 de marzo de 2006)

• Distantes pero también cercanos
• Coinciden amigos de ALR y FSM
• Bicentenario de Benito Juárez

Arturo Parra Ochoa (*)
Aunque sin la presencia del alcalde Félix Salgado Macedonio, se llevó a cabo un evento juarista coordinado entre el Congreso del Estado y el ayuntamiento municipal de Acapulco, en el que a pesar de los distanciamientos coincidieron políticos, críticos y funcionarios de dos grupos, el del ex alcalde Alberto López Rosas y el del actual presidente municipal.
Cada uno de los 17 ponentes exaltó la figura del tres veces declarado "Benemérito de las Américas", impulsor de las Leyes de Reforma y restaurador de la República, Benito Pablo Juárez García, en éste que fue el Tercer Coloquio sobre la vida y obra de quien le dio apellido al nombre del municipio Acapulco de Juárez, con motivo del bicentenario de su natalicio.
Como se ha venido haciendo desde hace tres años, en la llamada Casona de Juárez ubicada precisamente en la calle Benito Juárez del centro de la ciudad, concurrieron López Rosas, amigos y ex colaboradores suyos, entre ellos el representante del Congreso local, el diputado perredista Ramiro Solorio Almazán, así como funcionarios de la administración de Félix Salgado, como la misma titular de la Dirección Municipal de Cultura y una de las principales organizadoras, Aída Espino Barros Ramírez.
Aunque con cierto desorden por parte de los organizadores, porque no tenían impreso el programa de participaciones, que fue elaborado de última hora a mano, ni respetaron la convocatoria en cuanto al orden de las disertaciones, que supuestamente iba a ser de acuerdo con la confirmación que se hiciera de manera previa y por teléfono, el evento tuvo cobertura por parte de los voceros municipales.
Ello a pesar de que estos coloquios llevan la potestad del ex presidente municipal Alberto López Rosas, vía Ramiro Solorio, a cuyo correo electrónico iban dirigidas las participaciones inscritas.
Recordaron los ponentes que Benito Juárez fue declarado tres veces "Benemérito de las Américas", primero en Colombia, después en República Dominicana y finalmente en su país natal, México, ya de manera póstuma. Así las cosas.
Entre los colaboradores de Félix Salgado estuvo el coordinador de proyectos especiales, Dr. Ricardo Jiménez Solís, quien hizo un llamado a aquellos que de una manera u otra participan dentro de la administración pública, para que imiten a Juárez cuando sirvan al pueblo.
"Que lo reproduzcamos en nuestro trabajo cotidiano, en nuestras acciones de gobierno, en nuestro trato con el público, en nuestro carácter, en nuestra austeridad republicana, en nuestro sentido de justicia, seamos todos como Juárez, en la conducta personal de nuestra vida diaria", expresó el asesor del alcalde.
Destacó lo meritorio del prócer de la Reforma en México, que a pesar de haber nacido en una humilde choza de Oaxaca, donde no sabían hablar el castellano, se sobrepone a todas las vicisitudes y adversidades para llegar hasta la presidencia de la república, venciendo a los conservadores de la época.
Benito Juárez, recordó Jiménez Solís, fue quien decretó la suspensión de pagos de la deuda externa, defendió a la patria de la intervención francesa, expulsó del territorio nacional al representante del Vaticano, separó los bienes de la iglesia y del estado, quitando los fueros militar y eclesiástico, instituyó la educación laica, gratuita y obligatoria, y sacó adelante su visión de impartición de justicia e igualdad social, ayudando a los más necesitados.
No podía faltar quien confirmara la autoría de estos eventos para rendirle homenaje a Benito Juárez, y fue Roberto Antonio Camps Cortés, asesor del ex alcalde Alberto López Rosas, quien señaló que en el año 2004, el entonces presidente municipal inauguró la Casona de Juárez como espacio cultural, develó el monumento al Benemérito de las Américas en el malecón, y auspició el inicio de estos coloquios.
Refirió Camps que Benito Juárez llegó vía marítima al puerto de Acapulco en 1855, luego de un período de destierro ordenado por el dictador Antonio López de Santa Ana, como castigo por sus ideas liberales. Su estancia en este puerto pasó casi desapercibida y no fue de privilegios, precisamente por la situación política de entonces.
El ponente trasladó a la época actual el pensamiento y acciones juaristas, fundadas en valores y principios de validez universal que trascendieron el tiempo y el espacio, y siguen vigentes.
"Su firmeza e inflexibilidad dejaron huella en la historia. Hoy en Guerrero, jueces y magistrados viven bajo sospecha, señalados por la opinión pública por su flexibilidad, por su displicencia. Hoy el poder judicial se ha ganado la desconfianza de la ciudadanía. Nuestra vida como sociedad está erosionada y marcada por la zozobra.
"Benito Juárez como hombre del poder tuvo una conducta sobria y austera, y debería ser guía para la actual clase política guerrerense, tan proclive a los excesos, frente al drama de nuestra pobreza. El pensamiento liberal juarista encarna nuestras aspiraciones como pueblo, por eso rechazamos la represión y cualquier forma de exclusión", remarcó Roberto Camps.
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Conflicto laboral-penal en el Tec Acapulco

• Piden la salida del director del ITA
• Lo acusan de hostigamiento laboral
• Regresa cuota impuesta a alumnos

Arturo Parra Ochoa
Acapulco, Gro., 19 de marzo de 2006.- A su llegada como director del Tecnológico de Acapulco, Sergio Fernando Garibay Armenta, creó un conflicto laboral convertido ahora en penal, enfrentándose no solo con la planta de maestros de ese instituto de educación superior, sino hasta con los estudiantes, a quienes les impuso una cuota “voluntaria” de 100 pesos que después se vio obligado a regresar.
La situación actual es que Garibay está impedido por los profesores para ingresar al plantel educativo, y éstos exigen su destitución, apoyados por un importante grupo de la comunidad estudiantil, mientras las actividades académicas continúan su curso normal, salvo algunas áreas parcialmente desatendidas, pues no se ha llegado a ningún paro laboral por parte de los inconformes, quienes son apoyados por el secretario general de la Sección XIV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, José Natividad Calixto Díaz.
Desde el día ocho de noviembre de 2005, el comité ejecutivo de la delegación sindical DII-671 del Instituto Tecnológico de Acapulco, ha girado una serie de oficios ante diversas instancias, particularmente a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, a cargo de Bulmaro Fuentes Lemus, para denunciar los que consideran atropellos cometidos por el director en contra de los trabajadores.
Hasta Elba Esther Gordillo Morales, en el SNTE, tiene conocimiento del problema y envió a Calixto Díaz para atenderlo.
Para comenzar, de acuerdo con declaraciones del secretario de trabajo y conflictos de la delegación sindical, Mario Luna Moisés, a los profesores se les comunicó del nombramiento de Garibay Armenta el día siete de junio de 2005, sin previo aviso ni justificación alguna, interrumpiendo de manera abrupta el ritmo de trabajo académico y los acuerdos laborales pactados que tenían con el anterior director, Javier Eliseo Muñoz de la Torre.

Despido de cuatro trabajadores

Al hacerse cargo de la dirección, Sergio Fernando comenzó por hacer una serie de cambios de horarios a los maestros y a las actividades académicas, también sin previo aviso, a lo cual y como consecuencia de los reclamos se sumó una política de hostigamiento laboral, dando por resultado el despido de cuatro trabajadores, a los cuales ya no se les pagó la quincena pasada.
Se trata de un acuerdo para cambio de tres plazas de técnicos docentes a plazas de profesores de carrera de medio tiempo, y una plaza de tiempo completo, las cuales estaban ofrecidas desde hace algún tiempo, y no se cumplieron.
A los responsables de las diferentes áreas académicas, el director Sergio Fernando Garibay los ha tratado de manera déspota y los ningunea, según queja de la delegación sindical.
En el aspecto administrativo, no se ha nombrado subdirector ni jefe del departamento de compras del instituto, puestos que consideran de suma importancia, “y es el propio director quien hace las veces de subdirector administrativo y jefe de compras”, dice Luna Moisés.
Asimismo, tanto en aulas como en oficinas, el mobiliario es insuficiente y no hay el equipo necesario para que la impartición de clases se dé con la excelencia que les exigen y la calidad que desean.
La academia de Contaduría desde hace varios meses ha solicitado equipamiento y hasta la fecha no ha sido atendida su petición. También le hace falta material al Centro de Información (préstamo interno y externo de material bibliográfico), a pesar de los donativos efectuados por egresados del instituto.
En contraparte, a los estudiantes se les impuso una cuota “voluntaria” de 100 pesos por alumno, adicionales a la que normalmente se aporta como inscripción, con el argumento de iniciar un “programa de climatización voluntaria”, consistente en adquirir equipos de aire acondicionado “mini split”, para las aulas escolares.

Regresa “cuota voluntaria” a alumnos

Esta cuota fue avalada, sin consultar a la base estudiantil, por un comité de alumnos que supuestamente representan a toda la comunidad del Tecnológico, y que encabeza Mayo I. Urióstegui, comité que es considerado como incondicional del director en turno, y que no convoca a asambleas para elegir a sus integrantes, algunos de los cuales se desconoce en qué áreas estudian.
Ante una ola de protestas levantada por los alumnos, la dirección se vio obligada a regresarles ese dinero a los tres mil 300 estudiantes, la semana pasada.
De la misma manera, se pretende cobrar una cuota obligatoria de 560 pesos por estudiante, por la impartición de unos cursos de inglés que se habían venido ofreciendo con anterioridad de manera opcional, sin que a la fecha se tengan noticias sobre el mecanismo para la contratación de los profesores que impartirán esos cursos.
Por otra parte, se han realizado por lo menos seis obras de ampliación y remodelación en el interior de ese plantel educativo, pero sin licitarlas ni consensarlas con los diferentes departamentos que han sido reubicados y afectados, y según la delegación sindical esas obras han estado a cargo de personas procedentes de los estados de Oaxaca y Veracruz, de donde viene Garibay Armenta. También los proveedores de equipo de cómputo vienen de otras entidades.
Otras de las quejas de maestros y estudiantes, es que a pesar de que el Tecnológico de Acapulco tiene un convenio con la Universidad de San Diego, California, para impartir un diplomado a través de teleconferencias vía satélite, éste fue cancelado por el nuevo director en perjuicio del desarrollo académico y profesional del personal docente y de los alumnos.
El autobús escolar perteneciente al instituto, ha sido utilizado para asuntos personales de Sergio Fernando Garibay, como cuando realizó su mudanza de muebles, para lo cual también utilizó a varios estudiantes como cargadores.
Las cuotas para titulación se han visto incrementadas en 250 pesos, por un nuevo concepto denominado “gastos de graduación”, y el seguro contra accidentes personales para los estudiantes no se ha cubierto oportunamente, a pesar de que debió hacerse desde el mes de agosto de 2005.

Piden profesores la salida del director

A todo esto, el día primero de marzo fue celebrada una asamblea general ordinaria de la delegación sindical del SNTE, a la que acudió Calixto Díaz, y 220 docentes del Tec Acapulco firmaron un documento en el cual piden la remoción del director.
Luego de ello, Sergio Fernando trató de ingresar al plantel de manera violenta, amenazando a los maestros que se lo impidieron, y levantó una demanda ante la agencia del Ministerio Público del fuero federal, supuestamente porque los inconformes mantienen tomadas las instalaciones, que no obstante se constató tiene las puertas abiertas, salvo el impedimento para que Garibay Armenta entre.
En un gran problema está metido el director del Tecnológico, quien según los maestros tiene antecedentes de corrupto en los institutos donde estuvo antes, particularmente en Tuxtepec, Veracruz, y ahora quiso hacer negocio con los estudiantes, además de querer controlar a la planta de catedráticos para manejarla a su antojo.
Y esta situación ha empezado a provocar el cierre parcial de algunas áreas, como son la propia dirección del plantel, la biblioteca y las academias económico-administrativa, ciencias básicas, entre otras.

Arp@net (columna del 17 de marzo de 2006)

• Hospital Vicente Guerrero, un orgullo
• Recibe alta distinción a nivel nacional
• Obligada, una mejor atención médica

Arturo Parra Ochoa (*)
Los guerrerenses y muy particularmente los acapulqueños debemos enorgullecernos de contar con un hospital médico de gran calidad como el “Vicente Guerrero” del Instituto Mexicano del Seguro Social, con una planta laboral de alrededor de dos mil trabajadores médicos y administrativos, el cual fue acreedor al “Premio IMSS de Calidad 2005”.
Los esfuerzos por mejorar la calidad de los servicios de salud en México se remontan a finales de la década de los ‘50, cuando se iniciaron las primeras auditorías médicas en el Seguro Social que, de una u otra manera, se preservaron hasta finales de los setenta.
Entre 1985 y 1986 destaca la implantación de los primeros círculos de calidad en el Instituto Nacional de Perinatología de la SSA. Pero fue hasta la década de los noventa cuando ya es posible identificar un verdadero movimiento hacia la mejora de la calidad de los servicios médicos en la más importante de las instituciones de seguridad social del país.
En efecto, en el Instituto Mexicano del Seguro Social se iniciaron procesos de mejora continua con el apoyo de consultores norteamericanos que, sin embargo, se interrumpieron. Pero en la segunda mitad de la década se retomó la preocupación de elevar la calidad de una manera mucho más sistematizada, con el establecimiento de la Unidad de Organización y Calidad, que posteriormente sería elevada al nivel de dirección.
Se implantó desde ahí el Plan Integral de Calidad (PIC), cuyos resultados se han hecho evidentes, y como resultado inmediato fue instituido el Premio IMSS de Calidad, diseñado con el apoyo de la Fundación Mexicana para la Calidad Total en su primer año y, para el 2000, de la Universidad Iberoamericana.
A ello debe agregarse el desarrollo del sistema de encuestas de satisfacción, estudios de percepción de los derechohabientes, y un sistema altamente efectivo de información y orientación para éstos. A la fecha, debido a la magnitud de la institución, el reto continúa vigente.
Con el premio otorgado al Hospital General Regional “Vicente Guerrero”, en concurso donde participaron 650 unidades médicas del país, se obliga a favor de los derechohabientes una nueva cultura laboral de mejora continua, a la que está comprometida la institución, para seguir fortaleciendo los servicios y que los pacientes sientan que la calidad es una forma de trabajo.
Desde luego que el logro de esta distinción es el fruto de la dedicación y empeño de todo el personal que labora en ese nosocomio, y del respaldo de los funcionarios de la delegación estatal que encabeza el doctor Rafael Piza Bernal.
Nacido el 11 de julio de 1946, Hermenegildo Rafael cursó estudios de licenciatura en la UNAM y se especializó en el Centro Médico La Raza del IMSS. Ha pasado por importantes cargos y responsabilidades dentro del Seguro Social en Guerrero.
Fue jefe del Departamento Clínico de Cirugía del Hospital General Regional. Después subdirector del mismo, luego director del Hospital de Traumatología, hasta llegar a la dirección del Hospital General Regional Vicente Guerrero, de junio de 1988 a diciembre de 1991.
Más tarde, cuando el delegado estatal era Delfino Garibay Ochoa, el actual titular, Piza Bernal, fue jefe delegacional de Prestaciones Médicas, de diciembre de 1991 a julio de 1996, para luego hacerse cargo de la delegación Guerrero, desde julio de 1996 a la fecha.
Ha publicado 18 trabajos de investigación clínica y cirugía experimental en diferentes revistas especializadas en Medicina, y ha sido objeto de diferentes reconocimientos por su colaboración, esfuerzo y dedicación en el desempeño profesional a lo largo de sus más de 34 años de vida laboral dentro del IMSS.
El actual delegado obtuvo la máxima puntuación circular entre los egresados de la especialidad de Cirugía General en el país, generación 1974-1976, y su tesis recepcional de la especialización fue la primera publicación en el país y octava en el mundo que dio a conocer el “Patrón bioquímico de la bilis de la población de México.”
También recibió una felicitación y el reconocimiento del Congreso del Cincuentenario de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, por haber efectuado las dos primeras operaciones exitosas en el país para tratamiento de cáncer de páncreas, conservando íntegro el estómago. Fueron la 54 y 55 en el mundo.
Personalmente, Rafael Piza Bernal recibió durante una ceremonia oficial celebrada en la ciudad de México, de manos del director general del IMSS, Fernando Flores, la placa de bronce que acredita al Hospital General Regional “Vicente Guerrero” como “Premio IMSS de Calidad 2005”, emblema que podrán exhibir y mostrar orgullosos, como todas las demás distinciones a que se han hecho acreedores anteriormente.
En el año de 1996, fue merecedor del título “Hospital amigo del niño y de la madre”; en 1998 recibió el “Premio estatal al mérito en salud”; igualmente fue declarado “Primer hospital certificado y recertificado en la región Centro por SS 2004-2007; y certificado como “Hospital preparado para casos de siniestros 2004”, entre otros reconocimientos.
Aunado al galardón que reciben este año, la delegación Guerrero del IMSS obtendrá un presupuesto de un millón 400 mil pesos asignado para este año, así como reconocimientos para cada uno de los trabajadores del hospital.
La población usuaria actual de esa institución médica, que cuenta con 269 camas censables y 101 no censables, supera los 630 mil derechohabientes, y cada año se otorgan 244 mil 334 consultas, 33 mil 50 atenciones de urgencias y egresos por un total de 23 mil 716.
(*) arpa8@yahoo.com.mx
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No existe un catálogo de garantías de los guerrerenses

• Busca Fermín un nuevo pacto social
• Defiende la secrecía de los periodistas
• Necesario catalogar derechos y garantías

Arturo Parra Ochoa
Acapulco, Gro., 10 de marzo de 2006.- En los últimos 20 años, los actores políticos y la sociedad guerrerense trabajaron para que se diera la alternancia en el poder público de la entidad. Se organizaron para perfeccionar los mecanismos de elección, reformando el código electoral, y ciudadanizaron los órganos encargados de las elecciones.
Pero se les olvidó algo: descuidaron reformas que estuvieran orientadas a mejorar la calidad del servicio público y la calidad de vida de la población, reconoce el diputado local priísta Fermín Alvarado Arroyo.
Y propone una reforma integral a toda la Constitución Política del Estado de Guerrero, la cual habrá de discutirse ampliamente en un pacto social y un acuerdo político entre toda la ciudadanía en general y los actores políticos de la entidad.
El presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos del Congreso local, sostiene la urgente necesidad de reformar el poder público del estado y sus instituciones, porque de lo contrario Guerrero se quedará en la alternancia sin consolidar la transición, que requiere la renovación y el rediseño del poder, para servir mejor a la población en sus demandas.
“En los próximos años tendremos la oportunidad de trabajar la reforma de las instituciones del poder público, fortalecer y actualizar los derechos fundamentales de los guerrerenses, incluyendo, por ejemplo, un catálogo de los derechos fundamentales, individuales y colectivos de los guerrerenses, que no están definidos en la actual Constitución, y eso abona el sentimiento o idea de que en Guerrero no se respetan los derechos humanos.”
Fermín Gerardo Alvarado es quizá el único representante popular que a su edad ya formó parte en diferentes ocasiones de cada uno de los tres poderes de gobierno de esta entidad, durante los cuales acumuló la experiencia necesaria para proponer una reforma integral como ésta.
Ya fue secretario de Gobierno, el segundo de a bordo en el poder ejecutivo; fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, presidente de la Sala Familiar; y actualmente es diputado local, con una de las más importantes comisiones. Antes pasó por otros cargos públicos, como el de secretario de Educación y diputado federal suplente.
Nacido en Acapulco, Alvarado Arroyo tiene título de maestro en ciencias y varios diplomados, entre ellos uno sobre el tema de la transición política, otro en mercadotecnia política, y uno más en análisis político y electoral.

Defiende derechos de los periodistas

Dentro del catálogo de derechos fundamentales de los guerrerenses que su fracción parlamentaria del PRI ha propuesta ante el seno de la Cámara de Diputados, incluyen el respeto a las fuentes del ejercicio periodístico, particularmente el secreto profesional de los periodistas que son citados por los tribunales para que revelen sus fuentes, y por ello se requiere que este derecho sea elevado a rango constitucional, lo cual iría más allá de la legislación local, con el fin de que quienes cumplen una labor periodística puedan mantener a salvo la secrecía de sus fuentes.
En términos de fondo, la nueva Constitución local debe aclarar su condición humanista, y para ello habrán de quedar perfectamente bien catalogadas las garantías individuales y colectivas de los guerrerenses, que no se especifican en la Constitución vigente.
Hay derechos que deben añadirse, como el que tiene un ciudadano a ser indemnizado cuando por un error judicial cumple determinada sentencia en los penales, o el reconocimiento pleno de la personalidad jurídica que tienen los pueblos étnicos de la entidad.
Por otro lado, Fermín Alvarado propone que también se reconozcan las candidaturas independientes para cargos de elección popular, sin pasar ni ser postulados por un partido político, pues la propia Constitución Mexicana establece que todo ciudadano tiene derecho a votar y ser votado.
Como parte de las reformas se incluye la obligación que tienen los partidos políticos de proponer candidatos que reúnan la idoneidad para determinados cargos de elección, y que sean sancionados si no cumplen con ello.
Derechos fundamentales como el respeto a la vida, a la intimidad familiar y al honor, el derecho al agua, que es un debate internacional y seguramente será motivo de confrontaciones entre los pueblos dentro de algunos años.
El derecho a la renta básica para adultos mayores, el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado para niños y jóvenes, y una serie de recursos y acciones legales para que los ciudadanos puedan hacer valer estos derechos ante los tribunales.
Otro caso, el de la no imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad o violaciones graves a los derechos humanos, para que éstos no prescriban, y que haya reparación del daño en esos casos.

La actual, incoherente y contradictoria

De entrada, Fermín observó que la Constitución local ha sido objeto de más de 100 reformas que lo único que han logrado es hacerla incoherente y contradictoria. De ahí la propuesta de una reforma integral, que reduzca de 15 a nueve sus títulos y de 126 a 68 los artículos constitucionales, conservando todo lo positivo de la que está en vigor, y actualizarla a partir de reformas innovadoras que ya fueron puestas en práctica en otros estados de la república, a nivel federal e incluso en otros países desarrollados.
Para empezar, la actual Constitución requiere de una mejor redacción para hacerla más accesible y entendible, preferentemente enumerando sus párrafos para que los ciudadanos puedan tener un mejor entendimiento, un mejor uso y un mejor ejercicio de los derechos y de las acciones con las cuales sientan que pueden proteger sus garantías individuales y colectivas.
Debería cambiársele el nombre de Constitución General del Estado de Guerrero, o Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, por el de Constitución Política y Social del Estado Libre y Soberano de Guerrero, porque no solamente tiene bases políticas y ofrecería una mejor idea de su contenido.
Con relación a las instituciones del poder público, por ejemplo en el poder legislativo debe establecerse que trabajen y sesionen por lo menos 10 meses de los 12 que tiene el año, pues actualmente lo hacen solamente seis meses y los demás cobran sin trabajar.
En el poder ejecutivo, debe dársele independencia y autonomía a la Procuraduría de Justicia, para que ésta pueda ejercer la acción penal sin depender del gobernador del estado, y el Ministerio Público deje de ser juez y parte en muchos casos, al igual que otros órganos públicos como el Consejo Estatal Electoral, que podría convertirse en un instituto autónomo electoral y de participación ciudadana.
Igualmente el órgano de fiscalización (la Contraloría) que actualmente depende del ejecutivo y que se encarga de auditar a los funcionarios estatales y ayuntamientos municipales, así como organismos públicos descentralizados; la Procuraduría de Defensa del Medio Ambiente, y la Defensoría de Oficio que podría incorporarse a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado.
Para fortalecer al Poder Judicial, además de destinársele entre el tres y el cinco por ciento del presupuesto de egresos del estado, debe crearse una jurisdicción única para agrupar al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, que depende actualmente del ejecutivo; al Tribunal de Arbitraje, donde se ventilan casos de justicia laboral de la propia burocracia del gobierno del estado; las juntas locales de conciliación y arbitraje, e incluso el Tribunal Electoral del Estado y el Consejo Tutelar para Menores Infractores.
Dentro del mismo asunto, fortalecer y darle mayor independencia técnica al Consejo de la Judicatura, el cual debe estar integrado por gente ajena al Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Es tiempo ahora, apunta el diputado priísta, de que los esfuerzos de todos los actores políticos, gobernantes, legisladores, universitarios, grupos organizados, sociedad en general, medios de comunicación, orienten la atención y el esfuerzo para perfeccionar y mejorar nuestras leyes, y de esa manera empezar a percibir de que hay un cambio real.
Por ello la urgencia de abrir este nuevo debate y este pacto social, para hacerle una reforma integral a la Constitución local y al poder público, y así estar en condiciones de fortalecer el estado de derecho, la definición de poderes, aumentar y acelerar el desarrollo económico y el desarrollo social de un pueblo que no se merece otra cosa más que eso.
La fracción parlamentaria del PRI, integrada por 13 legisladores locales, se reunió con un cuerpo de asesores para perfeccionar su propuesta y presentarla al pleno en el marco del segundo periodo ordinario de sesiones, más o menos en el mes de abril. Entre sus asesores, figuran el doctor Manuel González Oropeza, el doctor Gilberto Garza Grimaldo y el maestro David Cienfuegos.
Posteriormente, en caso de prosperar la iniciativa, se necesitarán unos dos años para el proceso de actualización y generación de las leyes secundarias y de las leyes orgánicas de todo este nuevo cuerpo y aparato de reformas legales.

Imperioso bajar el costo político a los guerrerenses

Sin reforma política, ho hay
cambio en Guerrero: Donoso

Arturo Parra Ochoa
Acapulco, Gro., 5 de marzo de 2006.- El diputado local Fernando Donoso Pérez considera que Guerrero está en su oportunidad histórica de llevar adelante la Reforma Política y de Estado, porque si no lo hace la actual LVIII legislatura, los guerrerenses se quedarán con las ganas de ver cristalizado el verdadero cambio, y será el gran fracaso de la política y de los políticos de esta entidad, del poder ejecutivo y también del propio poder legislativo, pues la ciudadanía dejaría de creer en ellos.
Desde el primer período ordinario de sesiones, las distintas fracciones parlamentarias del Congreso local han venido estructurando sus agendas sobre las reformas política y de Estado.
“Aunque, sin querer partidizar el tema, creo que en el caso del PRI, si realmente hubiera querido entrarle, lo hubiera hecho desde antes, ya tuvo su oportunidad de mucho tiempo, desde el ejecutivo y el legislativo con mayoría priísta, pero lejos de avanzar fue complicando las reformas y las enredó más de lo que ya estaban, por eso ahora hasta suena gracioso escuchar que tienen interés en ello, y la verdad es que se la han pasado retomando nuestras propuestas, las del PRD”.
Vestido con una playera de “Las Chivas” del Guadalajara, el diputado perredista al que durante su campaña se le cuestionó su origen, por haber nacido en Ecuador, se declara amante del fútbol y apoya al equipo mexicano que no tiene ningún extranjero en sus filas.
Fernando José Ignacio, quien llegó a nuestro país en el año de 1972, a la edad de 12 años, adquirió su nacionalidad mexicana y vive en este puerto desde 1989. Forma parte del Frente Cívico de Acapulco, de donde salió el ahora gobernador del estado, Zeferino Torreblanca Galindo.
A diferencia del panista Juan José Francisco Rodríguez Otero, del ecologista Alejandro Carabias Icaza, y de Mario Ramos del Carmen, del Partido Convergencia, Donoso es el único diputado local perteneciente al Distrito XXVI de Acapulco, que ganó por la vía del voto directo, pues los otros llegaron por la vía plurinominal.
Recuerda que desde la campaña su oferta política se basó en lo que ha llamado “la democracia participativa”. Cree fielmente en la participación ciudadana, para lograr avances en la democracia de Guerrero y del país.
Una vez que llegó al Congreso, ha trabajado en una plataforma integral sobre la Reforma Política y de Estado. Dice que son muchos los puntos centrales en los que habrá de discutirse, pero se debe hacer de manera integral “para no caer en un parche, en un gran parche o en un montón de parches que no lleven un orden lógico e integral”.

Hay que bajar el costo político

Dentro de la Reforma del Estado, un punto prioritario para Guerrero es bajar el costo político. A la ciudadanía se le tiene que bajar lo que paga porque exista la política y los políticos.
Reordenar las campañas y las precampañas, reglamentar en forma contundente las aportaciones que da el estado a los partidos políticos. Obviamente buscar que los partidos se hagan de sus propios recursos, para que de alguna manera puedan ser autofinanciables, con todo el ordenamiento que ello implica.
En el caso del financiamiento político habrá que ser muy cuidadosos, deberá haber mucha claridad y transparencia, para saber de dónde vienen los recursos de los partidos, que sean completamente legales y que hayan pasado por todos los filtros de la Secretaría de Hacienda, por los impuestos y las declaraciones.
Por otro lado, el ordenamiento de las cuotas que tienen los partidos en los puestos de elección popular, porque hay un exceso, por ejemplo de regidores en algunos municipios como Acapulco, donde por cierto ya presentaron los perredistas una iniciativa, a la cual ya se le dio primera lectura y pasó a comisiones.
Contiene la propuesta de que bajen de 28 a 17 regidores en este municipio, pero que además sean electos por dos vías: una, por voto directo de siete regidores, uno por cada distrito local electoral, obviamente nada más en el ámbito territorial de Acapulco.
Los otros 10 regidores habrán de salir de una lista plurinominal por parte de los partidos, pero con una proporcionalidad exacta sobre el 100 por ciento de los votos directos válidos de la elección.

Menos diputados y regidores

También se debe trabajar sobre la disminución de diputados, concretamente poner sobre la mesa de discusión el caso de las diputaciones plurinominales, pues los legisladores deberían resultar de elecciones directas.
Donoso Pérez apunta que no es fácil discutir sobre estos temas, sobre todo por las grandes diferencias que existen entre los políticos tradicionales y los de la sociedad civil metidos a políticos.
Muchos de esos puntos no les gustan a los políticos, porque el bajar las canonjías de los partidos, los financiamientos públicos, y el que haya menos puestos de elección popular, obviamente menos plurinominales, “van en contra de la política tradicional y del chantaje que han vivido tantos años incrustados en el sistema político del estado de Guerrero”.
Es el momento más adecuado para hacerlo, aunque habrá gente que se oponga, “pero estamos en el ánimo de la gente que quiso un cambio. En febrero del año pasado la gente votó por un cambio en el poder ejecutivo, que entró en el mes de abril. Y después en octubre la gente nos dice que quiere que se fortalezca ese cambio, y da su apoyo para se refleje en el Congreso local.
“Por eso hay que trabajar juntos, la gente votó diferente, si la gente hubiera estado a gusto con lo que estaba, no hubiera habido ese cambio. La gente ya hizo su trabajo, ahora los que fuimos electos por esa gente tenemos que hacer el nuestro. Y repito, hay que hacerlo juntos, porque no es un trabajo solo de los políticos, necesitamos el respaldo de la gente para que esas propuestas de campaña se puedan llevar a cabo con el apoyo de la ciudadanía, para romper con las viejas inercias que no van a querer estos cambios”.

Necesario empatar las elecciones

Obviamente dentro de toda esa estructura “hay que trabajar sobre el empate de elecciones, que también fue una propuesta de campaña, pero además con una calendarización responsable. Finalmente tenemos que aspirar a tener exclusivamente dos elecciones, la intermedia y a los tres años la federal”, añade Fernando Donoso.
En la elección federal se vota para presidente de la república, para senadores y para gobernador, cada seis años, además de diputados federales y locales, presidentes, síndicos y regidores. A los tres años se lleva a cabo la elección intermedia, nuevamente y solo para diputados federales y locales, además de ayuntamientos municipales.
Actualmente hay cuatro estados del país que están al mismo ritmo de la federación, y Guerrero, según el estudio realizado por la fracción parlamentaria del PRD, estaría en condiciones de poder empatar sus elecciones en el año 2018, pero si la reforma se hace en este momento, con su consecuente calendarización.
Cabe hacer mención que no se pueden modificar períodos de autoridades ya electas, pero sí se pueden acortar o prolongar por un breve período las representaciones populares que vayan a ser electas próximamente, para ajustar el calendario. Los actuales ayuntamientos municipales, de hecho, serán por un período de tres años y un mes.
Si se hace la calendarización al día de hoy, dentro de 12 años ya tendremos el empate, “pero hay que entrarle, porque si no le entramos ahorita, antes de que se lleven a cabo otras elecciones, entonces sería hasta el 2024 y así sucesivamente. Esperar seis meses a esta reforma le cuesta al estado seis años de avance”.

Autonomía para la Procuraduría

Como parte de los puntos centrales sobre la situación política, continúa en su exposición el diputado perredista, también se tienen que hacer algunas reformas importantes como la independencia o la autonomía de la Procuraduría General de Justicia del estado, para darle una especie de carácter autónomo, como la Consejería de Acceso a la Información, que tiene su propia autonomía.
Asimismo, es imperativo la revisión del ámbito legal para una verdadera separación de los tres poderes del estado, reformas que hay que adaptar con las leyes orgánicas locales, la Constitución Política del estado, con respecto al artículo 115 constitucional, para la realización del verdadero municipio libre, en asuntos como las playas, el transporte y muchos otros que les incumben directamente a los municipios, pero que la rectoría todavía la tiene el estado.
Dentro de esa modernidad y reformas, la fracción del PRD ha planteado que el organismo Radio y Televisión de Guerrero transmita vía TV las sesiones del poder legislativo.
“Tenemos que buscar que esto se socialice, que todas las propuestas y las discusiones que se lleven a cabo en el Congreso las conozca la gente, para que vean a sus representantes, quiénes llevan la voz del pueblo y quiénes solamente llevan su voz. Que la gente sepa quién es quién, porque una cosa es el discurso y otra es la participación en el pleno.
“Se habla de propuestas pero no han sido presentadas, nosotros ya lo hicimos, y estamos avanzando, estamos trabajando para el próximo período de sesiones, acerca del referéndum y el plebiscito, que buscan fortalecer la participación ciudadana en las decisiones de gobierno”, refiere Donoso Pérez.
Desde su perspectiva, tienen la ventaja de que el gobernador del estado está abierto a escuchar y a trabajar con el Congreso, “hemos recibido de su parte muestras de respeto hacia el poder legislativo, y éste con un peso específico más responsable, porque la primera minoría que es el grupo parlamentario del PRD, así como el grupo de Acción Nacional, el de Convergencia, el del Partido del Trabajo, inclusive el del Verde Ecologista, muestran disposición de trabajar por el interés de Guerrero, y esto le da una fuerza muy interesante al Congreso”.
Por cuanto a la seguridad pública, Fernando Donoso dice que será un trabajo “titánico”, pues los resultados no se verán a corto plazo, aunque de hecho ya se iniciaron los trabajos de reestructuración policíaca, de capacitación y presupuestalmente mayores recursos, con una gran inversión que habrá en la construcción de cuarteles para las siete regiones del estado, adquisición de armamento y vehículos para las policías Preventiva y Ministerial, amén de que los policías necesitan mejores salarios y herramientas de trabajo, todo lo cual se podrá concretizar en un mediano y largo plazo.